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Mafia Inmobiliaria en Canelones: Intendencia, privados y policía.

En búsqueda de aire que se pueda respirar y un paisaje verde, muchas personas han elegido habitar la Costa de Oro como forma de escapar de la ciudad. Algunas vecinas, compraron sus casas hace décadas, mientras que otros, se fueron acercando más recientemente.

Hoy, se encuentran con la sorpresa de que su barrio ya no es suyo, y con la impotencia de enterarse que los políticos de la intendencia están repartiendo la costa entre empresas privadas, promoviendo la expansión de la ciudad. 


Lo que se denomina gentrificación, es decir, aglomerar un montón de viviendas en espacios reducidos (lo que ocurre en el centro de Montevideo), está siendo hoy muy cuestionado por la situación sanitaria que estamos atravesando. Por un lado, el Covid-19 viajó por todo el mundo gracias a la existencia de las ciudades, que obraron como distribuidoras de la enfermedad. Por el otro lado, se ha constatado que los mayores focos de contaminación puntual del agua, son las grandes ciudades y sus sistemas de saneamiento.

Sin embargo, el Estado está llevando a cabo una serie de políticas para densificar las ciudades y promover nuevos proyectos inmobiliarios. Al tiempo que lleva adelante desalojos en toda la costa del río de la plata y en barrios periféricos de Montevideo. ¿Para quiénes son esas nuevas viviendas?

En este artículo explicaremos la serie de políticas que ha promovido el Estado uruguayo y cómo afecta esto a las comunidades del Parque Roosevelt, Rincón del Pinar, Remanso de Neptunia, actualmente en conflicto con las autoridades, que apelan a las fuerzas policiales en lugar del diálogo. 

Antecedentes: La injerencia del BID en las políticas urbanas. 

En el 2009, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que ya hemos mencionado en otros artículos, por su participación en la formulación en las políticas departamentales (1), presentó su documento "Desarrollo Urbano del Uruguay Aportes para un diálogo intersectorial".
En el documento se explicita que "El desarrollo económico de una ciudad es lo más importante para sus habitantes". Propone entender al territorio como un conjunto de ciudades que compiten entre sí, e incluso sugiere cómo medir la "competitividad" de una ciudad: 

"El índice usado es el Índice de Competitividad de Negocios (ICB), elaborado para el World Economic Forum (WEF)". (2)

Este índice está integrado por criterios de "desempeño económico", "eficiencia gubernamental", "eficiencia empresarial" e "infraestructura". Y deja de lado completamente a los aspectos relacionados con la salud y la calidad de vida de las personas que habitan estos espacios. (3)
Esta propuesta, asume que la generación de proyectos privados generará empleos y mejora en el nivel de vida para sus habitantes. (4) Este documento del BID se presenta de la siguiente manera:

"El Desarrollo Urbano debe pasar a ser una condición necesaria para la competitividad y la mejora de la calidad de vida de un país. La competitividad no sólo depende de factores económicos a nivel nacional sino también de las capacidades que ofrece el territorio urbano y las regiones para facilitar las actividades económicas. Es decir, se debe generar un entorno físico, tecnológico, social, ambiental e institucional propicio para atraer y desarrollar actividades económicas generadoras de riqueza y empleo. (...) En cada una de las propuestas se asume un involucramiento corresponsable y coordinado de los todos los órdenes de gobierno."

Plan Costa de Oro y "Enasu".

En 2017, en el marco del "Plan Costade Oro", fue aprobada una disposición que habilita a construir hasta 2 viviendas por lote. Pues hasta la fecha, el terreno donde se construye una vivienda, debía de tener un mínimo de 400m2 de área. Esa disposición ponía un límite a la densificación así como las disposiciones que limitan las construcciones de altura (edificios).
Sin embargo, al habilitar que en un mismo lote se pudieran construir hasta 2 viviendas, fue una iniciativa con claras intenciones de aumentar la "eficiencia" urbana, la densificación. 


Luego, el plan nacional acceso al suelo urbano (enasu), por otro lado, se aprueba con el objetivo de "disciplinar el mercado del suelo" (5), es decir, de encargarse de que todos los suelos urbanos que se consideran oportunidades para hacer negocios (inmobiliarios o turísticos), sean motivo de inversiones empresariales. 
O sea que si se controlan con más eficiencia a los "asentamientos humanos irregulares", y las "ocupaciones clandestinas", se puede garantizar que toda propiedad sea entregada a inversionistas, con la participación del Estado como mediador entre propietarios e inversores, y como garante de que la inversión tenga resultados favorables para el inversor. 
Cabe denunciar qué el rol de los representantes institucionales y funcionarios públicos no debe ser el de facilitadores y mediadores en los proyectos privados, pues su tiempo y de dedicación debe de volcarse hacia la comunidad que los vota y paga sus salarios. 

En la presentación de enasu (2018) (6),el proyecto se justifica en la problemática de la "expansión de áreas urbanizadas" por "ocupaciones informales, como por desarrollos formales y acción pública estatal". Y es importante entender que "ocupaciones informales" se coloca en primer lugar, por lo que semánticamente queda claro que es la principal preocupación del Estado. Pues de otra forma la expresión sería una redundancia.

En el desarrollo del proyecto es más claro cuando expresa que "Es clave localizar suelo disponible con las características antes referidas y con el objetivo de inducir procesos de intensificación del uso del suelo urbano y evitar la innecesaria expansión y el consumo de suelo rural natural y productivo." Las intenciones son claras a medida que nos detenemos a leer el proyecto en su totalidad: aumentar la gentrificación de las ciudades para aumentar la cantidad de consumidores en un área reducida, reducir costos del Estado en mantenimiento de espacios públicos, calles y en servicios públicos como el transporte. Y para lograr además, un aumento en la competitividad de las ciudades al lograr la aglomeración de mayor cantidad de consumidores por unidad de superficie, así como mayor cantidad de trabajadores para un mercado laboral de cada vez menos oportunidades, a la vez que más competitivo. 

Costa Plan y las "ADU".

También en 2018, se presenta el Costa Plan (para la microrregión 5 de Ciudad de la Costa), donde se introduce el concepto de "áreas de desarrollo urbano", concepto que remite al enfoque propuesto por el BID y que proponen como uno de sus objetivos principales:

"Consolidar las áreas definidas como ADU, de forma de articular la iniciativa privada con las necesidades en infraestructura y el uso del suelo tanto en intensidad como en actividades, a los efectos de las previsiones establecidas en el Costaplan."

En rojo marcadas las "ADU".

Las ADU, es un concepto que viene a sustituir lo que antes la Intendencia de Canelones denominaba "áreas vacantes", o sea, los espacios en que no hay proyectos económicos, como es el caso de los ecosistemas naturales del Rincón del Pinar, Remanso de Neptunia y Parque Roosevelt.
El costa plan propone convenios con privados para la promoción de proyectos inmobiliarios.

Proyecto inmobiliario con lago artificial, proyecto de forestación 
y arenera propuesto para Rincón del Pinar: "ADU Arroyo Pando"

Situación de la comunidad del Remanso de Neptunia y Rincón del Pinar.

Hoy se lleva a cabo en el Remanso, un proyecto inmobiliario de grandes capitales, a través de una fiduciaria en administración inmobiliaria, que opera en Uruguay y Argentina: Maxiplus S.A. Con la participación de Inmobiliaria Varela, y la negligencia de la intendencia de Canelones y gestión ambiental en la fiscalización.

La comunidad de la zona, está llevando adelante desde hace años, varios proyectos de reconocimiento de flora y fauna, conservación de los espacios verdes y la biodiversidad, así como un trabajo de cuidado de los arroyos de la zona.  
Por ello, la comunidad se reunión con Sergio Ashfield de la IMC, quién el año pasado firmó un documento donde declaraba al "pulmón verde del remanso" (como lo denominan la comunidad al lugar), de 24 hectáreas de superficie, como un "vacío en la trama urbana" y como "área de oportunidad".
El pasado martes 16 volvieron a comunicarse con él, en búsqueda de soluciones. Los vecinos demandan que hace año vienen solicitando a la intendencia que les permita hacer uso del espacio con fines sociales. Sin embargo, luego de la charla que mantuvieron con él y otros ediles, la jueza Mirna Busich expidió una orden de desalojo a les vecines que están realizando un acampe en el lugar, para protegerlo del avance de las retroexcavadoras: En vez del diálogo, el Estado optó por amenazar a la comunidad con procesarles por "desacato y usurpación".
Debieron abandonar el acampe, pero siguen adelante con la realización de talleres, charlas y actividades en la zona. También están emprendiendo acciones judiciales con las instituciones involucradas. 

Saber más:

En el caso del Rincón del Pinar, participan Rafael Boix (Estudio Boix), Leonardo Ciappesone (Grupo Ciappesone), el empresario César Perrone, y algunas autoridades de la intendencia de Canelones. Con capitales argentinos de Javier Tejada. 
La comunidad de vecinos, quienes juntaron más de 180 firmas de las familias que habitan el barrio, presentaron un tiempo atrás un proyecto de "parque lineal" que los separe del proyecto inmobiliario lindero a la calle Abayubá, con 100 metros de ancho hasta el arroyo Pando. El proyecto fue ignorado por la intendencia y en vez, la intendencia propone la realización del parque lineal sobre el cortafuegos lindero Abayubá: un parque de 20 metros de ancho, donde se ubicarán los accesos al barrio privado que pretende construirse en el monte de 10 hectáreas, reduciendo la propuesta a un parque de 3 hectáreas a uno de 1/3, donde además circularán vehículos.

Sin embargo, la gente del rincón rechaza por unanimidad la construcción de este proyecto inmobiliario, pues esta "área de oportunidad" es frecuentada por los vecinos de la zona, y de barrios cercanos, quienes la frecuentan con fines recreativos. Además, constituye un elemento distintivo y característico del paisaje de su barrio. 
La comunidad del Rincón, está llevando adelante también actividades de reconocimiento del lugar con el fin de generar unidad para enfrentarse a tamaño proyecto inmobiliario, que amenaza la salud y la calidad de vida de todos los habitantes de la zona, los ecosistemas y el agua.

Además de la propiedad privada

El plan de ordenamiento territorial, que a su vez de basa en el documento Hábitat III de la ONU, establece la necesidad de conservación de la biodiversidad, así como la participación activa de la comunidad en el ordenamiento territorial.
El ordenamiento territorial surge con el objetivo de planificar la urbanización de los territorios, con el objetivo de garantizar que las iniciativas privadas no vulneren los derechos de las personas que habitan el territorio. Quienes viven en las ciudades son personas, y por ello lo prioritario del componente social y ambiental.

Para ser más claros, si el "desarrollo urbano" va hacia la consolidación de proyectos económicos innecesarios para la población, pero además, rechazados por la misma, es porque la clase política está eligiendo ignorar las normativas que garantizan los derechos de la gente, para darle prioridad a las normativas que garantizan el respeto a la propiedad privada "a pesar de".  
En los casos de Parque Roosevelt, Rincón y Remanso, podemos enumerar un conjunto mucho mayor de prejuicios y vulneraciones para les vecines, tanto a nivel económico, como a nivel social y sanitario, de contaminación de las aguas y el aire, todo, para habilitar proyectos inmobiliarios que beneficiarán a unos pocos empresarios que ni siquiera son del lugar.

No solo eso, sino que los empleados públicos y representantes políticos, están obrando ellos mismos como promotores, mediadores, garantía, para la consolidación de estos proyectos, obrando como una institucionalidad funcional al sector inmobiliario.


Responsabilidades señaladas
 en este artículo: 

Uri Korytnicki, socio identificado de Maxiplus, 
involucrados en el negocio de Remanso de Neptunia.




Miguel Korytnicki, socio identificado de Maxiplus, 
involucrados en el negocio de Remanso de Neptunia.


Leonardo Ciappesoni de "Grupo Ciappesoni" involucrado en 
el negocio inmobiliario de Rincón del Pinar.


Inmobiliaria Varela (Proyecto Remanso).

Rafael Boix (Estudio Boix), Rincón del Pinar.

César Perrone (Empresario), Rincón del Pinar.

Sergio Ashfield (Coordinador del gabinete territorial
de la intendencia de Canelones).

Paola Florio (Directora de 
Planificación Territorial).

Leonardo Herou (Director 
general de gestión ambiental).

Fiscal Mirna Busich (Amenaza a vecinos del Remanso 
con formalización por desacato y usurpación).



(1) Otros artículos donde se explica la injerencia del BID en las políticas nacionales: 
SOBRE EL TREN DE UPM2: https://acharacuerpoterritorio.blogspot.com/2020/10/quienes-estan-detras-del-tren-de-upm2.html
SOBRE EL MEGABASURERO DE CANELONES: https://acharacuerpoterritorio.blogspot.com/2020/09/cronica-de-una-victoria.html

En el documentos del BID:  https://publications.iadb.org/es/publicacion/15265/desarrollo-urbano-en-uruguay-aportes-para-el-dialogo-sectorial

(2) En la economía global en que actualmente vivimos no son los países quienes compiten entre ellos, sino sus ciudades.

(3) En la medida que se empiecen a ver a las ciudades como detonadores del desarrollo económico nacional, se estará en posibilidad de fortalecer a las ciudades en lo que realmente deben ser: La fuente y motor de generación de empleos y mejora de nivel de vida para sus habitantes. 

(4) El ICB está compuesto a su vez por las siguientes mediciones: i) Desempeño Económico. Este factor está conformado por mediciones de: economía nacional, comercio internacional, inversión internacional, empleo y precios. Considera 83 criterios sobre la evaluación macroeconómica. ii) Eficiencia gubernamental. Este factor contempla: finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial y estructura social. Considera 77 criterios sobre el grado en que las políticas del gobierno conducen a la competitividad. iii) Eficiencia empresarial. Este factor incluye: productividad, mercado laboral, finanzas, prácticas directivas y valores y actitudes. Evalúa 69 criterios sobre el grado en que las empresas se están desempeñando de un modo innovador, rentable y responsable. iv) Infraestructura. El último toma los siguientes aspectos: infraestructura básica, infraestructura tecnológica, infraestructura científica, medio ambiente y salud, y educación. Mide 94 criterios para identificar en qué grado los recursos básicos, tecnológicos, científicos y humanos satisfacen las necesidades de los negocios.

(5) https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/comunicacion/noticias/desafios-gestion-territorial-marco-enasu

(6) https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-gestion/planes/estrategia-nacional-acceso-suelo-urbano

Ver más: https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones-junta-depart-canelones/65-2018/1

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