Un cuerpo policial-militar, integrado por delincuentes de lesa-humanidad, una corte suprema que actúa de forma irregular y arbitraria, traslados forzados en las instituciones judiciales y actividades irregulares por parte de instituciones policiales, forman un entramado de impunidad y corrupción que hoy se vuelve a poner en debate, a través de un montaje mediático llevado adelante por el Estado uruguayo. La justicia penal uruguaya parece haberse convertido en una tomada de pelo constante.
Dos antecedentes sospechosos de la Suprema Corte de Justicia.
Antes de la polémica destitución de la Jueza Mota en 2013, se denuncian otros casos de movimientos irregulares de profesionales relacionados con la investigación de delitos cometidos en la dictadura. Antes, ocurrieron los casos del Abogado Federico Álvarez Petraglia y el fiscal Ricardo Perciballe.
El Fiscal Ricardo Perciballe, quien se enteró por la prensa de la decisión de la suprema corte de justicia, fue trasladado de la justicia penal a la justicia civil, a pesar de ser un juez especializado y con vasta experiencia y formación en materia penal. Esto ocurrió cercano a la toma de resolución por parte de fiscalía, para la posterior citación de los indagados por crímenes de lesa-humanidad.
El abogado Álvarez Petraglia, declaró en una entrevista a la UniRadio (Udelar) que más allá del discurso del Estado sobre su voluntad para investigar estos crímenes, en la vía de los hechos se evidenció "ignorancia","indiferencia", y absoluta "desconocimiento histórico" respecto a este tema, por parte de la suprema corte de justicia. También denunció un cambio de opinión constante por parte de la institución. Además, el presidente de la corte se negó, en numerosas ocasiones a recibir evidencias y no recibió a los fiscales por lo que tomó decisiones a priori de evaluar los hechos, lo que representa una conducta irresponsable e ilegal. Petraglia también destacó que muchos de los criminales de Lesa-Humanidad siguen desempeñando cargos en la institución pública.
La impunidad llegó a su limite.
La jueza Mota, que había demostrado gran capacidad y compromiso con las causas asociadas a los delitos ocurridos durante la dictadura, fue trasladada de manera evidentemente irregular de la justicia penal a la justicia civil. La resolución de la Corte entorpeció la investigación de los aproximadamente 50 casos que manejaba la jueza en relación a crímenes realizados en dictadura militar (lo que significaba el 40% de los casos de este tipo en todo el pais). Esta acción, despertó la indignación, no solo de los familiares relacionados a estos 50 casos, sino de todo el movimiento que exige "verdad y justicia" y las organizaciones de derechos humanos.
Por ello, el 4 de noviembre de 2013 fue convocada una manifestación pública y abierta, por varias organizaciones sociales, la que terminó siendo una manifestación de miles de personas frente a la Suprema Corte de Justicia. Una manifestación que se dio de forma pacifica por parte de manifestantes, a pesar de la presencia de fuerzas de choque del Estado.
A pesar de la violación de la corte de justicia al derecho internacional, la institucionalidad penal decidió cubrir los actos de irregularidad y corrupción que fueron evidentes a los ojos de la opinión pública, a través de un montaje mediático, haciendo uso de una mecánica habitual de los gobiernos Argentino y Chileno, para justificar la violación de los derechos humanos en democracia.
Se premia la corrupción, se castiga la defensa a la justicia.
Como si no fueran suficientes las razones que llevaron a movilizarse a miles de personas, la justicia elige señalar a algunas personas como "lideres" de una movilización autoconvocada, y que tiene como objetivo el "escarmiento". La jueza a cargo del juicio de la asonada, Gabriela Merialdo, ya había sido responsable, anteriormente, de entorpecer procesos de denuncia contra delincuentes de la dictadura, y un año después de hacerse conocida por el caso de la "asonada", fue ascendida en recompensa por su actuación.
Negando impunemente las actividades de corrupción del Poder Judicial, se procede a judicializar a seis militantes sociales, cuidadosamente elegidos, para brindar un fabuloso espectáculo mediático con la ayuda de la prensa. Para recuperar su legitimidad, el poder judicial busca criminalizar a quienes fueron a protestar, en vez de corregir sus prácticas corruptas y con el objetivo de defender la impunidad.
Parecería ser que el poder judicial del gobierno de Mujica creyó que la violación de los derechos internacionales y las irregularidades evidentes del sistema judicial, para entorpecer el juicio justo frente a la violación de derechos humanos, no causarían ninguna respuesta social y que pasaría desapercibido: ¿Prefieren creer que un reducido grupo de personas lideraron una manifestación masiva, a pesar de conocerse públicamente las organizaciones convocantes a defender el sistema judicial del país, y a pesar de que fue evidente la irregularidad del proceder de la institución? Es evidente que no existe tal ingenuidad por parte del poder.
Escarmiento para los luchadores por derechos humanos.
"Desde la FEUU queremos expresar nuestro más profundo rechazo a la intención de procesar a las personas que ingresaron a presenciar el juramento de la Dra. Mota en el edificio de la SCJ y las cuales se le envió un innecesario contingente de fuerzas de choque."(2013)
A juicio de la Jueza Gabriela Merialdo, el accionar de los manifestantes (que ingresaron al local de la SCJ) fue ilícito, en la medida que ejercieron "violencia y amenazas contra funcionarios públicos con el fin de impedir el libre ejercicio de la función, actuando con prepotencia, odio y menosprecio a la autoridad".
La actividad pacífica, fue convocada por numerosas organizaciones dados los actos de prepotencia, odio y menosprecio a la ciudadanía y la democracia por parte de la SCJ y el Estado uruguayo, que no fue más que una manifestación social de libre expresión, frente a hechos de corrupción evidentes que quitaron total legitimidad al aparato de investigación judicial. En ese marco miles de personas protestaron contra la destitución infundada de la Jueza en un momento determinante. Y cientos de personas fueron quienes ingresaron al local.
Cuando el Estado quiere, se desencajonan cosas.
8 años después, el estado decide sacar del cajón el asunto de la "asonada" con el objetivo de armar un montaje mediático que se vincula al polémico proyecto de Cabildo Abierto para liberar a los homicidas y torturadores de la dictadura.
A través de la clásica herramienta mediática "de los dos demonios", se pretende generar bandos y generar confusión haciendo dos jugadas, tan polémicas como arriesgadas, al mismo tiempo, con el objetivo de generar confusión en la opinión pública, ante la sistemática violación de la legislación penal por parte del Estado, quien se maneja con una peligrosa impunidad, que evidencia la vulnerabilidad de los derechos de todas las personas de la república.
También hay que tomar en cuenta que se trata de una persecución de ciertos "referentes" de la lucha por la tierra y por los derechos humanos. Referentes por su edad, y porque nunca se rindieron y se penaliza su constancia, poniéndolos en una situación de criminalización infundada, con un objetivo político de reafirmar el compromiso de la justicia penal con la impunidad, y simbólico de castigar a quienes la cuestionen.
Es evidente, que el proyecto extractivista no puede continuar con resistencias sociales. Solo es posible a través de la impunidad como garantía a los represores que se reinventan.
Fuentes:
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/32576
https://www.cels.org.ar/web/2013/02/preocupacion-por-el-desplazamiento-de-la-jueza-uruguaya-mariana-mota/
https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/el-servicio-de-informacion-de-defensa-sid-informacion-y-represion
https://www.radiomontecarlo.com.uy/articulos/articulos_masinfo.php?secc=articulos&id=18594&path=0.2308.2318
https://www.uniradio.edu.uy/2013/04/audio-manifestacion-ante-la-scj-entrevista-a-federico-alvarez-petraglia-columna-dd-hh/
https://www.radiomontecarlo.com.uy/articulos/articulos_masinfo.php?id=3807&secc=articulos&path=0.2308.2295
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2013/11/no-asonaras/
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2013/3/sin-aviso/
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/11/desproporcionada-intencional-y-muy-peligrosa-crysol-cuestiono-condena-a-seis-militantes-por-manifestacion-en-apoyo-a-mariana-mota-en-2013/
https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2021/8/abogados-de-ddhh-llaman-a-presentar-casos-ante-la-corte-interamericana/
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2011/7/tribunal-de-apelaciones-acepto-la-figura-de-desaparicion-forzada-en-el-caso-calcagno/
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2012/6/jueza-volvio-a-citar-para-hoy-a-barneix-por-muerte-de-perrini/#
https://cejil.org/comunicado-de-prensa/cejil-y-wola-expresan-profunda-preocupacion-por-traslado-de-la-jueza-mota/
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/SANTANA%20ESCOTTO%2C%20Nelson%20Rodolfo%20Ficha%20accesible.pdf
http://www.poderato.com/albericobarrios/alberico-barrios/fiscal-ricardo-percivale
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/32576
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